Declaración de los departamentos de Salud Pública y Servicios de Salud Mental del Condado de Los Ángeles sobre el cambio de Política del HHS que afecta el acceso a programas con financiación Federal:
Nos entristece profundamente la decisión del gobierno federal de prohibir a los californianos indocumentados el acceso a programas cruciales de salud y servicios sociales financiados con fondos federales.
En los departamentos de salud del Condado de Los Ángeles, nos guiamos por la convicción fundamental de que la atención médica es un derecho humano esencial para el bienestar de todas las personas. Mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a los servicios de atención médica que necesitan sin temor ni barreras.
Esta nueva política federal amenaza con socavar esa misión. Los cambios anunciados tendrán un impacto significativo en los programas de salud física, salud mental y abuso de sustancias que nuestros departamentos gestionan y que se ofrecen a través de nuestras valiosas y confiables clínicas comunitarias y colaboradores comunitarios. Estos programas son esenciales para las personas y las familias, y restringir el acceso corre el riesgo no solo de empeorar los resultados de salud, sino también de profundizar las desigualdades sistémicas en nuestras comunidades.
Cuando las personas temen buscar atención médica, o se les impide acceder a ella por completo, las oportunidades de prevención se limitan, las enfermedades no se tratan, las crisis de salud mental se intensifican y los trastornos por consumo de sustancias empeoran. La atención tardía puede provocar mayores tasas de visitas a urgencias, hospitalizaciones, falta de vivienda y la propagación de enfermedades transmisibles. En última instancia, negar a las personas la posibilidad de recibir atención oportuna amenaza la salud de comunidades enteras, no solo de las directamente afectadas.
Además, esta medida tendrá un efecto disuasorio en todos los pacientes que buscan atención médica, incluidos los ciudadanos estadounidenses, sembrando el miedo y la incertidumbre que impiden el acceso a servicios que protegen tanto la salud individual como la pública. También pondrá a prueba la capacidad de los proveedores públicos y privados para financiar y mantener los servicios de los que nuestras comunidades dependen para mantenerse saludables.
Trabajamos activamente para comprender el impacto total de esta política en los Departamentos de Servicios de Salud, Salud Pública y Salud Mental del Condado de Los Ángeles, y nos mantenemos firmes en nuestra dedicación a la atención de todos los que nos necesitan. Instamos a los líderes federales a que reconsideren las políticas que niegan la atención médica a los miembros vulnerables de nuestras comunidades y, en su lugar, prioricen la salud, la dignidad y la humanidad de cada persona.
Dra. Barbara Ferrer, Directora, Departamento de Salud Pública
Dra. Christina Ghaly, Directora, Departamento de Servicios de Salud
Dra. Lisa Wong, Directora, Departamento de Salud Mental
Nos entristece profundamente la decisión del gobierno federal de prohibir a los californianos indocumentados el acceso a programas cruciales de salud y servicios sociales financiados con fondos federales.
En los departamentos de salud del Condado de Los Ángeles, nos guiamos por la convicción fundamental de que la atención médica es un derecho humano esencial para el bienestar de todas las personas. Mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a los servicios de atención médica que necesitan sin temor ni barreras.
Esta nueva política federal amenaza con socavar esa misión. Los cambios anunciados tendrán un impacto significativo en los programas de salud física, salud mental y abuso de sustancias que nuestros departamentos gestionan y que se ofrecen a través de nuestras valiosas y confiables clínicas comunitarias y colaboradores comunitarios. Estos programas son esenciales para las personas y las familias, y restringir el acceso corre el riesgo no solo de empeorar los resultados de salud, sino también de profundizar las desigualdades sistémicas en nuestras comunidades.
Cuando las personas temen buscar atención médica, o se les impide acceder a ella por completo, las oportunidades de prevención se limitan, las enfermedades no se tratan, las crisis de salud mental se intensifican y los trastornos por consumo de sustancias empeoran. La atención tardía puede provocar mayores tasas de visitas a urgencias, hospitalizaciones, falta de vivienda y la propagación de enfermedades transmisibles. En última instancia, negar a las personas la posibilidad de recibir atención oportuna amenaza la salud de comunidades enteras, no solo de las directamente afectadas.
Además, esta medida tendrá un efecto disuasorio en todos los pacientes que buscan atención médica, incluidos los ciudadanos estadounidenses, sembrando el miedo y la incertidumbre que impiden el acceso a servicios que protegen tanto la salud individual como la pública. También pondrá a prueba la capacidad de los proveedores públicos y privados para financiar y mantener los servicios de los que nuestras comunidades dependen para mantenerse saludables.
Trabajamos activamente para comprender el impacto total de esta política en los Departamentos de Servicios de Salud, Salud Pública y Salud Mental del Condado de Los Ángeles, y nos mantenemos firmes en nuestra dedicación a la atención de todos los que nos necesitan. Instamos a los líderes federales a que reconsideren las políticas que niegan la atención médica a los miembros vulnerables de nuestras comunidades y, en su lugar, prioricen la salud, la dignidad y la humanidad de cada persona.
Dra. Barbara Ferrer, Directora, Departamento de Salud Pública
Dra. Christina Ghaly, Directora, Departamento de Servicios de Salud
Dra. Lisa Wong, Directora, Departamento de Salud Mental